Brasil está cerca de la elección más trascendental desde el final del régimen militar, hace más de tres décadas. La política local muestra una disfuncionalidad preocupante, pero el resultado de la elección dependerá de la agenda de reforma económica del próximo gobierno.
Uno de los desafíos económicos más importantes que enfrenta Brasil es el anémico crecimiento de la productividad, que limitó el potencial de crecimiento del país. Como la producción por empleado viene aumentando apenas un 0,7% anual en promedio desde mediados de los noventa, más de la mitad del crecimiento del ingreso per cápita durante las últimas dos décadas se debe al incremento del porcentaje de población económicamente activa. Pero el veloz envejecimiento de la población pronto detendrá ese motor de crecimiento.
El débil incremento de la productividad se debe en parte a la falta de apertura comercial, que limita el acceso de las empresas brasileñas a insumos y tecnologías extranjeros, sumada a dificultades para una competencia efectiva en el plano interno. Además, una infraestructura logística deficiente, divergencias en los regímenes tributarios de los estados y la concesión de subsidios a determinadas empresas permiten a firmas menos eficientes sobrevivir y retener recursos, lo que reduce la media de productividad
Para resolverlo, las autoridades deben dar apoyo al sector privado, fortaleciendo la adopción y difusión de tecnologías avanzadas, en vez de compensar los altos costos internos. Además, hay que dar a los emprendedores un entorno de negocios más favorable, lo que incluye la reforma del complejo y desequilibrado sistema tributario.
También se necesita un aumento de la inversión en infraestructura, y una reforma de la intermediación financiera, para que las condiciones de financiación estén mejor alineadas con los proyectos de inversión. Y es posible mejorar la calidad educativa y la formación de capital humano con una asignación más flexible de los recursos públicos y más intercambio de experiencias entre estados y municipalidades, algunos de los cuales han hecho avances con medidas que podrían aplicarse en otras partes.
Brasil también necesita un importante ajuste fiscal. Mientras la productividad y el potencial de crecimiento económico crecían a paso de tortuga, hubo un marcado aumento del gasto público real (ajustado por inflación), que creció de menos del 30% del PIB en los ochenta a alrededor de 40% en 2017 (esto incluye un incremento del 68% entre 2006 y 2017). Y sin embargo, la inversión pública (incluida la inversión en infraestructura) se redujo: el año pasado no llegó al 0,7% del PIB.
Para frenar el veloz aumento de la deuda, en 2016 Brasil aprobó una enmienda constitucional que puso un techo al gasto público por los próximos veinte años. Si las autoridades consiguen respetar esta norma –o logran combinar recortes de gasto con ingresos tributarios para mejorar el resultado fiscal primario un 0,6% del PIB por año– la deuda pública podría volver a una trayectoria sostenible en un decenio. Pero la clave del éxito es aplicar recortes de gasto inteligentes.
El Banco Mundial, donde soy director ejecutivo, ya identificóáreas que admitirían recortes: seguridad social, nóminas de empleados públicos, subsidios y exenciones fiscales. Reducir el gasto en estas áreas aliviará la presión sobre el presupuesto público y puede crear margen para otros tipos de gasto público más productivos.
Lo más importante es que esos recortes tendrán consecuencias mínimas para los brasileños más pobres. De hecho, en materia de reforma impositiva, hay medidas que no sólo pueden contribuir a mejorar el ambiente de negocios, sino que también ayudarán a reducir las desigualdades sociales inherentes al sistema actual.
En pos de mejorar la productividad y reequilibrar el presupuesto, la dirigencia brasileña también debe encarar una reforma de la gobernanza del sector público. En la actualidad, la provisión de servicios públicos en numerosas áreas –que incluyen salud, educación, combate a la violencia, infraestructura, transporte y logística, y gestión de recursos hídricos– es sumamente ineficiente.
Las razones son muy variadas, e incluyen: exceso de reglas, que contribuye a la rigidez presupuestaria; fragmentación del suministro de servicios; deficiencias en planificación, seguimiento y evaluación de proyectos y políticas; falta de incentivos por buen desempeño para los empleados públicos; judicialización de la formulación de políticas; y una burocracia cada vez más contraria a asumir riesgos.
De modo que Brasil necesita mejorar la coherencia de las políticas, desde la planificación hasta la ejecución de programas y proyectos, y prestar más atención al seguimiento y la evaluación de los resultados. Una mejor coordinación entre los sectores público y privado también aumentará la capacidad del gasto público para contribuir a una mejora de los resultados socioeconómicos.
El futuro de Brasil depende de la implementación de reformas económicas inteligentes, graduales y coherentes que faciliten el crecimiento de la productividad y pongan al país en la senda hacia la sostenibilidad fiscal. Quien sea que gane la inminente elección tiene una responsabilidad de encarar este imperativo.
Publicado inicialmente por Project Syndicate